Hace 10 días, el Congreso aprobó la Ley 31973, con la firma de Alejandro Soto y Waldemar Cerrón, que modifica la Ley Forestal 29763 del 2011. Esa modificación va a provocar un caos en la gestión de los bosques del Perú y, sin duda, una aceleración de la deforestación, precisamente contra la corriente mundial en estos días de preocupación extrema por el cambio climático.
Diez comunidades locales del norte de Ecuador son víctimas del llamado "acaparamiento verde" por parte de una empresa privada de servicios medioambientales. Para defender sus derechos consuetudinarios en ausencia de títulos colectivos de propiedad de la tierra, las comunidades han lanzado una campaña de defensa con el apoyo de RRI.
En la COP 26 de la CMNUCC, una nueva investigación muestra que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales poseen al menos 958 millones de hectáreas de tierra que abarcan la mayor partede los bosques tropicales en peligro de extinción del mundo, pero tienen derechoslegales sobre menosde la mitad de sus tierras.
La junta directiva del Grupo para los Derechos y Recursos (RRG) ha escogido a la Dra. Solange Bandiaky-Badji como coordinadora de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) y presidenta del Grupo para los Derechos y Recursos (RRG), entidad que actúa como mecanismo coordinador de la RRI.
De izquierda a derecha: Kalpana Giri, Soledad Tehuactle Gonzalez, Silenny Ramirez, y Monica Mhoja Las mujeres indígenas y comunitarias desempeñan una función esencial como administradoras…
El mundo tiene la mirada puesta en Colombia ahora que el nuevo presidente, Iván Duque, ha tomado posesión del cargo. Los grupos defensores de los derechos y los activistas por la paz están exhortando al gobierno a garantizar que tanto el proceso de paz como los líderes sociales del país estén protegidos.
Nuevos datos consolidados desde los consejos comunitarios afrodescendientes y registros del Estado revelan que el gobierno de Colombia no ha respondido a 271 solicitudes de reconocimiento legal y titulación colectiva. Estos datos evidencian amenazas a la sostenibilidad cultural y ecológica de los territorios de las comunidades afrodescendientes y sus derechos establecidos por la Ley 70 de 1993, así como a la ejecución exitosa de los Acuerdos de Paz. Aunque todas las 271 comunidades han reclamado al Estado su titulación colectiva, el gobierno ha postergado el reconocimiento de estas reclamaciones—en algunos casos por más de una década.