Más de 150 organizaciones conforman una sola coalición. Lo que nos une es la misión común de proteger y elevar los derechos y las luchas de los Pueblos Indígenas, de los Pueblos Afrodescendientes y de las comunidades locales para poseer, desarrollar y proteger sus territorios y ecosistemas tradicionales. Manteniéndose ágil y receptiva, nuestra coalición es pionera en la creación de un futuro en el que cada individuo tiene voz y voto en la gestión de su tierra y de sus recursos, lo que conduce a reformas políticas concretas y a un impacto duradero en el planeta.
Somos un frente unido de organizaciones de todos los tamaños -locales, nacionales, regionales e internacionales- que trabajan conjuntamente para aprovechar el poder de la coalición y colaborar en una amplia gama de temas y competencias. Desde la investigación y la incidencia política, hasta la movilización de base y el fortalecimiento de capacidades, potenciamos mutuamente nuestras voces en apoyo a los derechos sobre la tierra y los recursos. Adoptamos medidas proactivas para colaborar con gobiernos, instituciones multilaterales y agentes del sector privado con el propósito de avanzar en nuestra misión común.
Nuestra coalición trabaja los temas del clima, la biodiversidad, la tenencia de la tierra y el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres, con el objetivo de promover la conservación liderada por los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y comunidades locales.
La Junta cuenta ahora con la abogada de derechos humanos Emily Kinama; la experta en medio ambiente y derechos sobre la tierra, Emma Norrstad Tickner; el experto ejecutivo financiero, Mike Bryan; y el líder indígena Gam Shimray.
A pesar de las constantes amenazas de las actividades extractivas y el narcotráfico, los consejos comunitarios de los Pueblos Afrodescendientes de Buenaventura y el norte del Cauca han logrado conservar exitosamente el bosque. Esta es su extraordinaria historia.
Hace 10 días, el Congreso aprobó la Ley 31973, con la firma de Alejandro Soto y Waldemar Cerrón, que modifica la Ley Forestal 29763 del 2011. Esa modificación va a provocar un caos en la gestión de los bosques del Perú y, sin duda, una aceleración de la deforestación, precisamente contra la corriente mundial en estos días de preocupación extrema por el cambio climático.