Con este fin, RRI creó el Tenure Facility y el Mecanismo de Respuesta Estratégica para acelerar la financiación de acceso directo, y ahora está poniendo a prueba un nuevo mecanismo de subvención global, la Iniciativa Financiera para los Derechos Comunitarios a la Tierra y la Conservación (CLARIFI), para aumentar sustancialmente esta financiación para las organizaciones e iniciativas locales dirigidas por Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos Afrodescendientes.
El Mecanismo de Respuesta Estratégica está diseñado para financiar oportunidades oportunas de promoción, desarrollo de capacidades y convocatoria en una amplia gama de países de ingresos bajos y medios. Concede subvenciones de hasta 100.000 dólares que pueden canalizarse en semanas para aprovechar oportunidades urgentes y estratégicas.
CLARIFI, lanzada en enero de 2022, volverá a conceder fondos para avanzar en los objetivos de justicia, clima, conservación y desarrollo en una amplia gama de países de ingresos bajos y medios del mundo. Su objetivo es desplegar subvenciones de entre 100.000 y 1 millón de dólares, así como apoyar a las organizaciones de titulares de derechos como mecanismo financiero de paso para subvenciones mayores de entre 5 y 50 millones de dólares. CLARIFI se encuentra actualmente en su fase piloto, centrándose en proyectos en la cuenca del Congo y los Andes tropicales.
El Tenure Facility Internacional de la Tierra y los Bosques fue lanzado por RRI en 2014. Se trata de un mecanismo financiero global, independiente y sin ánimo de lucro, que concede grandes subvenciones para garantizar los derechos de tenencia en los países en los que existe un marco jurídico que permite la aplicación de dichos derechos.
Cada uno de estos mecanismos de financiación responde a la necesidad, sentida desde hace tiempo por las organizaciones indígenas y comunitarias, de contar con vehículos que movilicen la financiación directamente hacia ellas para actividades que aún no cuentan con el apoyo adecuado de los donantes. Estas actividades pueden incluir el fortalecimiento de la gobernanza y la gestión territorial de las comunidades, la promoción de la justicia de género, la lucha contra la criminalización y el retroceso de los derechos, y el establecimiento de un entorno jurídico propicio para garantizar sus derechos.